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Trabajar de funcionario público

Todos sabemos que los funcionarios gozan de unas condiciones laborales muy favorables. ¿A qué se debe? ¿Qué hay que hacer para ser un funcionario? ¿Qué tipos de funcionarios existen? En éste artículo daremos respuesta a estas preguntas y a otras sobre el mundo del empleado público.

¿En qué consiste ser funcionario?

Normalmente se define al funcionario público como un trabajador que realiza sus tareas en un organismo público y que ha conseguido su plaza mediante un proceso de concurso o de oposición. Como ejemplos de organismos públicos podemos citar a los tribunales, las administraciones públicas, los ayuntamientos o incluso el parlamento. En general son organismos públicos todos los que no son empresas privadas.

Es importante distinguir el colectivo de los funcionarios del colectivo más general de empleados públicos. El empleado público es aquel que trabaja en una empresa pública o un organismo público. Mientras el funcionario es un empleado público que ha realizado unas oposiciones para conseguir su puesto fijo, existen otros empleados públicos con contratos laborales sin una plaza fija. Las condiciones laborales de éste segundo grupo son similares a las de la empresa privada, aunque trabajen para organismos públicos.

En España hay unos dos millones y medio de empleados públicos, de los cuales son funcionarios aproximadamente un millón y medio. El millón restante son empleados públicos sin una plaza, pendientes de realizar oposiciones o bien con contratos temporales.

Privilegios de los funcionarios

En España existe la creencia generalizada de que los funcionarios gozan de unas condiciones laborales mejores que el resto de los trabajadores de la empresa privada, y en muchos casos es cierto. Los funcionarios suelen tener un sueldo superior a sus homólogos en la empresa privada, también suelen poseer más días de vacaciones al año y se enfrentan a menos problemas al solicitar bajas, excedencias, permisos, días personales, etc.

¿Porqué estos privilegios al ser funcionario? El motivo principal es una cuestión de oferta y demanda. En el caso de las empresas privadas, el mercado laboral se rige estrictamente por las leyes de la oferta y la demanda. De esta manera, los trabajadores más cualificados o que ostenten cargos menos comunes gozarán de más beneficios, simplemente porqué la empresa no podrá prescindir de ellos, si se van a la empresa le costará mucho encontrar un trabajador equivalente.

En el lado contrario, las profesiones que por su poca dificultad o por sus pocos requisitos más gente pueda realizar -las profesiones más “fáciles”- estarán peor remuneradas y sus trabajadores gozarán de muy pocos privilegios. Esto se deberá a que la empresa podrá despedirlos o pagarles menos con facilidad, ya que el trabajador es fácilmente reemplazable.

En el caso de los funcionarios públicos no se aplica la oferta y la demanda, ya que solo se convocan oposiciones por las plazas vacantes, debidas principalmente a jubilaciones. De esta manera, el que consigue ser funcionario tiene la plaza garantizada hasta su jubilación. La verdadera competencia existe en el acceso a las plazas, esto es, en las oposiciones para conseguir el puesto de funcionario. Es aquí donde la demanda supera muy ámpliamente a la oferta y de ahí la dificultad para superar las oposiciones y, por tanto, para llegar a ser funcionario.

El hecho de que en la administración pública los empleadores sean también funcionarios crea también ciertos desajustes que pueden llegar a otorgar a los funcionarios más derechos que a los trabajadores equivalentes de las empresas privadas. En una empresa privada, los empleadores suelen ser los propietarios de la empresa y su beneficio se verá reducido si los trabajadores obtienen demasiados derechos, con lo que se crea un equilibrio entre los intereses de ambas partes. En la administración pública, como hemos dicho, el empleador no es propietario sino otro funcionario. Por este motivo, a menudo para evitar un conflicto o una huelga, algunos colectivos de funcionarios han acabado consiguiendo más derechos de los que realmente les corresponden, llegando a ser perjudiciales para la administración pública. Uno de los casos más recientes y flagrantes es el de los controladores aéreos.

Derechos de un funcionario público

Los funcionarios y empleados públicos tienen unos derechos que se regulan en el EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público). De estos derechos podemos destacar los siguientes:

La condición de funcionario es inamovible, esto significa que un funcionario no puede ser despedido a menos que se presente una justificación objetiva, que en la práctica es un proceso muy complejo que hace casi imposible que se despida a un funcionario, a menos que efectivamente se produzcan irregularidades muy graves. Además los funcionarios tienen derecho a la promoción interna en función de sus capacidades y sus logros y a participar de los objetivos de su unidad de trabajo, que podrán ser remunerados como complemento al sueldo base.

Con respecto a sus sueldos, los funcionarios cobrarán en función del grupo o del subgrupo al que pertenezcan, todos los miembros de un mismo grupo disponen del mismo sueldo base que se cobra mensualmente con dos pagas extraordinarias en navidad y en verano. A éste sueldo base se suman los trienios, que es una cantidad que se incrementa por cada tres años de servicio. También se suman al sueldo base otras gratificaciones, las bonificaciones por objetivos cumplidos y complementos según la productividad.

Además de los mencionados derechos, los funcionarios también tienen derecho a la negociación colectiva y algunos colectivos tienen además derechos sindicales.

Organización en categorías

Los funcionarios públicos se clasifican según una escala fijada por la ley 7/2007 de 12 de abril, llamada Estatuto Básico del Empleado Público o EBEP. Esta ley define al empleado público como aquel trabajador que realiza funciones retribuidas en alguna administración pública. Se pueden distinguir cuatro tipos de empleados públicos:

El personal laboral puede trabajar con tres modalidades de contratación: temporal, por contrato indefinido o por contrato fijo. Como puede verse en la clasificación, no todos los empleados públicos son funcionarios, tal como hemos comentado anteriormente.

La misma legislación EBEP establece una clasificación según el nivel profesional, que se organiza en tres grupos: A, B y C.

El grupo A tiene como requisito la posesión de un título universitario. Se divide en dos subgrupos A1 y A2, siendo A1 el de mayor responsabilidad. Para acceder al subgrupo A1 se requiere tener un título de grado universitario, doctorado, licenciatura o una ingeniería superior. Para optar al subgrupo A2 se requiere una diplomatura o una ingeniería técnica. Aunque tanto las diplomaturas como las ingenierías técnicas han desaparecido, se mantiene el subgrupo A2 para quienes estén en posesión de éstas titulaciones. Es posible que el futuro se mantenga esta clasificación para indicar puestos de menor responsabilidad.

El grupo B tiene como requisito la posesión de un título de Formación Profesional de grado superior, esto es, un título de técnico superior o Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS).

El grupo C es el de menor nivel de requisitos. Se divide en dos subgrupos C1 y C2 siendo C2 el de menor responsabilidad. Para optar al subgrupo C1 se requiere el título de bachillerato o el título de FP de grado medio, esto es un Ciclo Formativo de Grado Medio (CFGM). Finalmente el subgrupo C2 requiere únicamente poseer el Graduado en ESO.

Según esta nueva clasificación el nivel más básico de empleado público deberá tener como mínimo los estudios de la ESO (Enseñanza Secundaria Obligatoria), quedando vedado el acceso al empleo público a todos quienes no posean esta titulación mínima.

Referencias y ampliación de información

[1] Ley 7/2007 de 12 de abril, del estatuto básico del empleado público.

[2] Oposiciones en el Ministerio de Interior: http://www.mir.es/SGACAVT/oposic/index.html.

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